Gobernador de Puerto Rico: Wall Street y los fondos buitre controlan al Congreso de EU; no les importa cuantos mueran

24 de diciembre de 2015

24 de diciembre de 2015 – Luego de sostener tres días de pláticas en Washington, DC, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, declaró el pasado viernes 18 de diciembre que la apremiante crisis que vive la isla "se convertirá pronto en una crisis humanitaria bajo la bandera de Estados Unidos".

La negativa del Congreso de Estados Unidos a proporcionarle a Puerto Rico la protección de bancarrota en la ley de presupuesto aprobada recientemente, por órdenes de Wall Street y sus fondos buitre, señaló García, significa que "la mancomunidad [de Puerto Rico] se verá arrastrada en costosos pleitos judiciales enormes, lo cual le impedirá a la mancomunidad proporcionarle los servicios esenciales a sus ciudadanos... Por no haber actuado ahora, el Congreso ha optado por el incumplimiento de la mancomunidad de Estados Unidos sobre sus obligaciones y el caos que sobrevendrá. Una vez más Wall Street ha demostrado su control sobre el Congreso; Wall Street gobierna el Congreso. Ese poder se cuenta obviamente en el análisis fundamental de los fondos compensatorios y los fondos buitre que controlan nuestra democracia".

En Washington, el gobernador García se reunión con varios demócratas que lo apoyaron y con el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, quien prometió que tomaría medidas para reestructurar la legislación de la isla para el 31 de marzo de 2016, y llevaría a cabo audiencias sobre la situación en cuanto regrese el Congreso de sus vacaciones en enero. El gobernador García Padilla dijo el viernes 18 que contaría con esa promesa de Ryan, la cual, dijo, "debe incluir una reestructuración integral legislativa y un plan de crecimiento económico". Sin embargo, la promesa de Ryan no tendrá ningún efecto sobre el hecho de que Puerto Rico tiene que hacer un pago de $1,400 millones de dólares para el 1 de enero, para lo cual no tiene como hacerlo.

A pesar de la crisis de la deuda, el gobernador autorizó el lunes 21 un pago de $120 millones de dólares que debe a los empleados del sector público por el aguinaldo navideño.