Lo principal

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Obama, copado por los flancos; ¿tendrán los ciudadanos el valor de expulsarlo?

20 de abril de 2016

El Presidente Obama en reunion con los líderes del Senado, enero de 2009. Con el Presidente se hallan los patrocinadores de la Ley JASTA (siglas en ingles de la Ley de Justicia Contra los Estados Patrocinadores del Terrorismo) Chuck Schumer (D, NY) y John Crnyn (R, Tx) junto con el senador Dick Durbin.

20 de abril de 2016 — El Presidente Barack Obama, quien al igual que su predecesor George W. Bush, ha adoptado las redes terroristas creadas por las familias reales saudíes y británicas como colaboradores en sus operaciones coloniales de “cambio de régimen”, inició ya su gira para besarle los pies a los asesinos más prolíficos del mundo, el rey Salman de Arabia Saudita y la sanguinaria reina de Inglaterra y de la mancomunidad británica.

Pero la explosión que ocurrió en Estados Unidos ante los ojos del público la semana pasada sobre el papel personal de Obama en el ocultamiento del papel directo de los saudíes en los ataques terroristas del 11-S en Estados Unidos, lo cual es el contenido de las 28 páginas del informe de la Investigación Conjunta del Informe sobre las operaciones de inteligencia que intervinieron en el 11-S, y que Obama se ha rehusado a quitarle el velo de secreto, ha colocado a Obama en un rumbo de autodestrucción, para probarle al mundo que él es cómplice del terrorismo internacional.

Si Obama se rehúsa a desclasificar las 28 páginas, confirmará su traición contra Estados Unidos (y el mundo) por encubrir al terrorismo británico-saudí. Si decide desclasificar las 28 páginas, demostrará que él, igual que Bush, trabajó mano a mano con el aparato de terror controlado por los saudíes, y por lo tanto, confirmará también su traición contra Estados Unidos.

Todos esos estadounidenses cobardes que sabían que Obama había cometido delitos contra la Constitución, pero que decían que hacerle un juicio político o sacarlo bajo la 25ava Enmienda “no es práctico”, tienen que denunciar ahora su servilismo a ese “pragmatismo” y unirse a LaRouche para exigir la verdad, sin importar las consecuencias.

El programa “60 Minutes” de la CBS que se transmitió el domingo 10 de abril y que destapó la cloaca sobre el encubrimiento de Obama y Bush al rol de los saudíes en el 11-S, identificó explícitamente al ex director del FBI Robert Mueller como la persona que exigió la clasificación de secreto a las 28 páginas. No es de extrañar, ya que es el mismo Robert Mueller que encabezó el “Equipo para agarrar a LaRouche” en la década de 1980 y que envió a prisión a LaRouche y varios de sus asociados bajo acusaciones inventadas, con el propósito desesperado (pero infructuoso) de acabar con la fuerza del movimiento de LaRouche que identificaba los crímenes de Londres, Wall Street, y sus agentes políticos en Washington, tales como Bush y después Obama, y que planteaba un futuro para Estados Unidos y el mundo basado en el desarrollo, el progreso científico y el fomento de la creatividad en cada ser humano.

Ahora la bancarrota de los bancos “demasiado grandes para quebrar” de Wall Street está al descubierto. Los oligarcas financieros de Occidente gritan por tasas de interés negativas y “dinero del helicóptero” para mantenerse a flote por unos cuantos días o semanas más. Esta bancarrota es la fuerza que mueve a los británicos y a Obama a una guerra contra Rusia y China. Solo la salida de Obama, ya, no después de una elección que no tiene candidatos calificados para ser Presidente de Estados Unidos, puede impedir este desastre, y crear las condiciones para un nuevo orden mundial justo basado en las metas comunes de la humanidad.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MATERIAL DE APOYO


Documentos de reciente publicación detallan aún más la colusión de Obama con los patrocinadores del 11-S

20 de abril de 2016 — El Grupo Interdepartamental de Apelación a las Clasificaciones de Seguridad (ISCAP por sus siglas en inglés), la máxima autoridad en desclasificaciones en la rama ejecutiva del gobierno federal, con sede en los Archivos Nacionales, ha desclasificado 29 documentos nuevos relacionados a las investigaciones del gobierno sobre los ataques del 11 de septiembre (11-S) que ponen al descubierto detalles condenatorios sobre la participación a fondo de la familia real saudí en esos ataques del 11 de septiembre del 2001.

Durante su primera campaña presidencial en el 2008, Obama había prometido a las familias de las víctimas del 11-S que él desclasificaría las 28 páginas del documento original de la Investigación Conjunta del congreso, en donde se detallaba la participación saudí en estos ataques atroces. No solamente rompió su promesa sino que consistentemente ha protegido a los saudíes de la justicia por su papel en el 11-S, y ahora abiertamente ha mostrado sus cartas al prometer, antes de emprender su visita a Arabia Saudita, vetar la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA por siglas en inglés), que ahora está a votación en el Congreso. Con su lealtad servil a los saudíes y a sus patrones británicos, el Presidente vendió al pueblo estadounidense. Este es un crimen que exige, como mínimo, que el Presidente Obama sea sometido inmediatamente a juicio político.

Los 29 documentos que fueron desclasificados recientemente, contienen fichas de trabajo, notas de entrevistas y otros documentos de la Comisión del 11-S, que deja en claro que los investigadores federales que investigaban los ataques del 11 de septiembre del 2001, habían compilado una enorme cantidad de evidencia sobre la participación directa de agentes de la familia real saudí, el Ministerio de Asuntos Religiosos Saudita y el Ministerio de la Defensa y Aviación Saudita. Proporcionan el trasfondo del capítulo suprimido de 28 páginas de la Investigación Conjunta del Congreso, que no hace más que resumir los volúmenes de evidencia compilada, y encubierta, sobre la complicidad directa del gobierno saudí en el 11-S.

Quizá el documento más dañino, desclasificado el año pasado, sea un memorando de 47 páginas de Dana Leseman y Michael Jacobson en donde detallan todos los funcionarios del gobierno saudí implicados en los ataques del 11-S. Leseman era fiscal del Departamento de Justicia y Jacobson era agente especial del FBI. Ambos trabajaron como investigadores claves para la Investigación Conjunta, y fueron los autores del capítulo de 28 páginas que los Presidentes George W. Bush y Barack Obama hicieron que se suprimieran. Ambos pasaron a trabajar para la Comisión del 11-S, en donde sus esfuerzos por seguir investigando las pistas saudíes de sus trabajos anteriores se vieron obstaculizados por el director de la Comisión, Philip Zelikow. Finalmente, Leseman fue despedido por Zelikow cuando se negó a obedecer sus órdenes de que dejara de investigar los nexos de la realeza saudí al 11-S.

El documento de 49 páginas identifica un total de 21 empleados confirmados y sospechosos del gobierno saudí que apoyaron a la célula de secuestradores en San Diego en el año y medio que estuvieron en los Estados Unidos antes de los ataques del 11 de septiembre del 2001. El documento detalla todo el papel que jugaron en dar apoyo a los dos secuestradores de la costa oeste, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar. Tambien hace un llamado a que se realice una investigación exhaustiva del FBI, el cual tuvo un informante en San Diego que hospedó durante meses en su casa a los dos secuestradores del 11-S antes de los ataques.

Uno de los personajes centrales que vincula al régimen saudí con los conspiradores del 11-S fue Omar al-Bayoumi, el agente de inteligencia saudí que fue el principal financiador de al-Hazmi y al-Mihdhar durante todo el tiempo en que estuvieron en Estados Unidos. Además de recibir dinero por un trabajo al que no tenían que asistir, con una considerable cuenta para gastos de parte del contratista del Ministerio de la Defensa y Aviación de Arabia Saudita, anteriormente al-Bayoumi había recibido $400,000 del Ministerio de Asuntos Religiosos de Arabia Saudita durante la década de 1990, supuestamente para construir una mezquita en la zona de San Diego. Los investigadores creen que esos fondos pudieron haberse usado para construir células terroristas en la zona. Esto se vio reforzado por el hecho de que la mezquita de San Diego estaba dirigida por Anwar Al-Awlaki, uno de los líderes espirituales de al-Qaeda, que finalmente fue asesinado por Estados Unidos en un ataque con drones en Yemen, y quien también pudiera haber sido un informante del FBI.

La evidencia sobre la profundidad de la participación saudí en el documento de 47 páginas casi es igual a la evidencia sobre el encubrimiento del FBI de lo que sucedió el 11-S. Uno de los segmentos del "Documento 17" recientemente desclasificado destaca una serie de preguntas sobre la obstaculización y encubrimiento por parte del FBI.

El documento plantea las siguientes dos preguntas:

"1. ¿Ocultó el FBI intencionalmente información a la Investigación Conjunta sobre la relación del informante con los secuestradores y después intentó obstruir la indagatoria de la Investigación Conjunta del Congreso sobre la materia?

"2. Si el FBI le ocultó información y obstruyó la investigación de la Investigación Conjunta del Congreso, ¿fueron las acciones del FBI indicativas de un patrón más general del FBI de incumplimiento con la supervisión del Congreso? ¿Qué cambios se necesitarían entonces para garantizar una supervisión más efectiva del Congreso sobre el FBI?"

Está en proceso una revisión exhaustiva de los documentos recientemente publicados. Pero de lo revisado ya ha surgido suficiente evidencia que prueba la participación saudí a fondo en el 11-S y en el proceso de encubrimiento en marcha por parte del Presidente Obama y altos funcionarios del FBI.

La evidencia sobre la decisión consciente del Presidente Obama de encubrirlo ya cumple con los requisitos constitucionales, y hasta los sobrepasa, de "delitos graves y faltas leves" que se requieren para entablar un juicio político. Circulan informes confiables en Washington de que el Presidente Obama está aprovechando su visita actual a Arabia Saudita para solicitarle fondos a la realeza saudí para su biblioteca y su carrera cuando deje de ser Presidente, quizá a cambio de las garantías de que desde lo más alto se va a seguir encubriendo la historia sobre el 11-S.

¿Hay alguna justificación para demorar por un segundo más el inicio de ese proceso de juicio político ya de por sí demorado?