Documentos de reciente publicación detallan aún más la colusión de Obama con los patrocinadores del 11-S

21 de abril de 2016

20 de abril de 2016 — El Grupo Interdepartamental de Apelación a las Clasificaciones de Seguridad (ISCAP por sus siglas en inglés), la máxima autoridad en desclasificaciones en la rama ejecutiva del gobierno federal, con sede en los Archivos Nacionales, ha desclasificado 29 documentos nuevos relacionados a las investigaciones del gobierno sobre los ataques del 11 de septiembre (11-S) que ponen al descubierto detalles condenatorios sobre la participación a fondo de la familia real saudí en esos ataques del 11 de septiembre del 2001.

Durante su primera campaña presidencial en el 2008, Obama había prometido a las familias de las víctimas del 11-S que él desclasificaría las 28 páginas del documento original de la Investigación Conjunta del congreso, en donde se detallaba la participación saudí en estos ataques atroces. No solamente rompió su promesa sino que consistentemente ha protegido a los saudíes de la justicia por su papel en el 11-S, y ahora abiertamente ha mostrado sus cartas al prometer, antes de emprender su visita a Arabia Saudita, vetar la Ley de Justicia Contra los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA por siglas en inglés), que ahora está a votación en el Congreso. Con su lealtad servil a los saudíes y a sus patrones británicos, el Presidente vendió al pueblo estadounidense. Este es un crimen que exige, como mínimo, que el Presidente Obama sea sometido inmediatamente a juicio político.

Los 29 documentos que fueron desclasificados recientemente, contienen fichas de trabajo, notas de entrevistas y otros documentos de la Comisión del 11-S, que deja en claro que los investigadores federales que investigaban los ataques del 11 de septiembre del 2001, habían compilado una enorme cantidad de evidencia sobre la participación directa de agentes de la familia real saudí, el Ministerio de Asuntos Religiosos Saudita y el Ministerio de la Defensa y Aviación Saudita. Proporcionan el trasfondo del capítulo suprimido de 28 páginas de la Investigación Conjunta del Congreso, que no hace más que resumir los volúmenes de evidencia compilada, y encubierta, sobre la complicidad directa del gobierno saudí en el 11-S.

Quizá el documento más dañino, desclasificado el año pasado, sea un memorando de 47 páginas de Dana Leseman y Michael Jacobson en donde detallan todos los funcionarios del gobierno saudí implicados en los ataques del 11-S. Leseman era fiscal del Departamento de Justicia y Jacobson era agente especial del FBI. Ambos trabajaron como investigadores claves para la Investigación Conjunta, y fueron los autores del capítulo de 28 páginas que los Presidentes George W. Bush y Barack Obama hicieron que se suprimieran. Ambos pasaron a trabajar para la Comisión del 11-S, en donde sus esfuerzos por seguir investigando las pistas saudíes de sus trabajos anteriores se vieron obstaculizados por el director de la Comisión, Philip Zelikow. Finalmente, Leseman fue despedido por Zelikow cuando se negó a obedecer sus órdenes de que dejara de investigar los nexos de la realeza saudí al 11-S.

El documento de 49 páginas identifica un total de 21 empleados confirmados y sospechosos del gobierno saudí que apoyaron a la célula de secuestradores en San Diego en el año y medio que estuvieron en los Estados Unidos antes de los ataques del 11 de septiembre del 2001. El documento detalla todo el papel que jugaron en dar apoyo a los dos secuestradores de la costa oeste, Nawaf al-Hazmi y Khalid al-Mihdhar. Tambien hace un llamado a que se realice una investigación exhaustiva del FBI, el cual tuvo un informante en San Diego que hospedó durante meses en su casa a los dos secuestradores del 11-S antes de los ataques.

Uno de los personajes centrales que vincula al régimen saudí con los conspiradores del 11-S fue Omar al-Bayoumi, el agente de inteligencia saudí que fue el principal financiador de al-Hazmi y al-Mihdhar durante todo el tiempo en que estuvieron en Estados Unidos. Además de recibir dinero por un trabajo al que no tenían que asistir, con una considerable cuenta para gastos de parte del contratista del Ministerio de la Defensa y Aviación de Arabia Saudita, anteriormente al-Bayoumi había recibido $400,000 del Ministerio de Asuntos Religiosos de Arabia Saudita durante la década de 1990, supuestamente para construir una mezquita en la zona de San Diego. Los investigadores creen que esos fondos pudieron haberse usado para construir células terroristas en la zona. Esto se vio reforzado por el hecho de que la mezquita de San Diego estaba dirigida por Anwar Al-Awlaki, uno de los líderes espirituales de al-Qaeda, que finalmente fue asesinado por Estados Unidos en un ataque con drones en Yemen, y quien también pudiera haber sido un informante del FBI.

La evidencia sobre la profundidad de la participación saudí en el documento de 47 páginas casi es igual a la evidencia sobre el encubrimiento del FBI de lo que sucedió el 11-S. Uno de los segmentos del "Documento 17" recientemente desclasificado destaca una serie de preguntas sobre la obstaculización y encubrimiento por parte del FBI.

El documento plantea las siguientes dos preguntas:

"1. ¿Ocultó el FBI intencionalmente información a la Investigación Conjunta sobre la relación del informante con los secuestradores y después intentó obstruir la indagatoria de la Investigación Conjunta del Congreso sobre la materia?

"2. Si el FBI le ocultó información y obstruyó la investigación de la Investigación Conjunta del Congreso, ¿fueron las acciones del FBI indicativas de un patrón más general del FBI de incumplimiento con la supervisión del Congreso? ¿Qué cambios se necesitarían entonces para garantizar una supervisión más efectiva del Congreso sobre el FBI?"

Está en proceso una revisión exhaustiva de los documentos recientemente publicados. Pero de lo revisado ya ha surgido suficiente evidencia que prueba la participación saudí a fondo en el 11-S y en el proceso de encubrimiento en marcha por parte del Presidente Obama y altos funcionarios del FBI.

La evidencia sobre la decisión consciente del Presidente Obama de encubrirlo ya cumple con los requisitos constitucionales, y hasta los sobrepasa, de "delitos graves y faltas leves" que se requieren para entablar un juicio político. Circulan informes confiables en Washington de que el Presidente Obama está aprovechando su visita actual a Arabia Saudita para solicitarle fondos a la realeza saudí para su biblioteca y su carrera cuando deje de ser Presidente, quizá a cambio de las garantías de que desde lo más alto se va a seguir encubriendo la historia sobre el 11-S.

¿Hay alguna justificación para demorar por un segundo más el inicio de ese proceso de juicio político ya de por sí demorado?