Cámara de Representantes de EU le impone a Puerto Rico un paquete de "rescate" para sus acreedores

11 de junio de 2016

11 de junio de 2016 — Con una votación de 297 contra 127, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves 9 la mentada ley que lleva el nombre sardónico de PROMESA (siglas en inglés de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) mediante la cual se concede al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la posibilidad de reestructurar la deuda de $70 mil millones de dólares y detener, por lo pronto, las demandas que tienen los acreedores contra el gobierno de Puerto Rico. La ley pasa ahora al Senado, el cual, si la aprueba antes del 1 de julio, cuando se vencen $2 mil millones de dólares de la deuda de Puerto Rico, la ley establecerá una moratoria de 8 meses, durante los cuales el gobierno solo tendrá que pagar los intereses sobre la deuda, si es que puede.

El representante demócrata de Arizona, Raul Grijalva, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, la cual elaboró la ley (que se promueve como una gran componenda bipartidista) dijo que la ley era un "acuerdo amargo", el cual aceptó simplemente porque aborda la crisis de la deuda de Puerto Rico. No obstante, dijo, el proyecto de ley representa una "transgresión de la soberanía del pueblo de Puerto Rico", debido a que la ley una junta de control financiero draconiana, cuyos miembros serán nombrados por Barack Obama, y que tendrán un control absoluto sobre las finanzas de Puerto Rico, con una exclusión total del gobernador y de cualquier funcionario electo. La junta tendrá la capacidad de promulgar y ejecutar "reformas", vender activos públicos y despedir a trabajadores del Estado.

En realidad, la ley ofrece más protección a los acreedores que al pueblo de Puerto Rico, como se ve en el informe de Pensions&Investments (pionline.com). Por ejemplo, la ley establece un "cortafuego" entre los acreedores protegidos por la Constitución (los tenedores de los bonos llamados Obligación General, o GO, por sus siglas en inglés) y el sistema de pensiones de Puerto Rico que tiene $2,000 millones de dólares en obligaciones. Esto significa que los tenedores de los bonos GO tienen prioridad sobre los jubilados. Más aún, la ley propone que se haga un análisis independiente del sistema de pensiones de Puerto Rico, con la implicación de que se recortarán las pensiones a los jubilados. Los demócratas no pudieron incluir las enmiendas para eliminar las disposiciones de que los jóvenes entre 18 y 24 años de edad pueden recibir un salario por debajo del salario mínimo federal, ni tampoco pudieron incluir un aumento en los beneficios del Medicaid (el servicio de atención médica para los más pobres) y otras prestaciones fiscales.

En cuanto a la reestructuración de la deuda, el proceso es "voluntario" (o sea, si los acreedores quieren), y la junta solo intervendría como último recurso, según lo informó CNN Money. El portal de Pensions & Investments señala que cuando la junta intervenga, tendrá "autoridad adicional para ajustar las deudas en el mejor interés de los acreedores".