El asesinato del alcalde filipino encarcelado invierte los papeles sobre los ataques de Obama a Duterte

9 de noviembre de 2016

87 de noviembre de 2016 — El asesinato del alcalde de un pueblo en la isla de Leyte, Filipinas, mientras estaba encarcelado acusado de ser uno de los políticos con conexiones al narcotráfico, se difundió a nivel mundial como un caso extremo de los supuestos asesinatos extrajudiciales del Presidente Duterte en su guerra en contra de las drogas. La verdad que está saliendo a la luz es todo lo contrario. Hoy el Inquirer informó que el prisionero, Ronaldo Espinosa Sr., era "un sospechoso de narcotráfico que se había convertido en testigo clave en el caso del gobierno para identificar, arrestar y procesar a los narcotraficantes y sus protectores en el gobierno. Espinosa había hecho una declaración jurada dando los nombres de los sospechosos de ser protectores de narcotraficantes en el gobierno, donde se incluye a la senadora Leila de Lima". El hijo de Espinosa está entre los sospechosos de ser un líder narcotraficante.

De Lima, ex presidente de la Secretaria de Justicia del gobierno de Aquino, trató de parar desesperadamente la campaña para limpiar Davao que llevó a cabo Duterte cuando era alcalde de esa ciudad; ahora está tratando de entablarle un proceso mediante la presentación de una moción ante la Corte Suprema para quitarle su inmunidad. Hay documentos de que De Lima es patrocinadora de narcotraficantes y compañera sexual de varios narcotraficantes, incluyendo algunos que están en prisión.

El gobierno de Duterte ha dicho insistentemente que muchas de las muertes en la guerra a las drogas han sido asesinatos de las organizaciones narcotraficantes que están asesinando a quienes colaboran con el gobierno. Este pareciera ser el caso, en donde policías corruptos hicieron el trabajo sucio.

Según el Inquirer, la Policía Nacional de Filipinas ha relevado de su cargo al jefe del Grupo de Detección e Investigación Penal en Visayas del Este. El general Ronald dela Rosa, jefe de la Policía Nacional de Filipinas, ordenó una investigación del asalto a la celda de Espinosa, que supuestamente llevó al enfrentamiento a tiros y a la muerte de Espinosa.

Antes de entregarse a la policía, Espinosa había presentado una declaración jurada, en donde identifica a varias personas que están involucradas o que habían protegido las operaciones de narcotráfico de su hijo, con 226 nombres de los cuales ya se habían presentado cargos en contra de 47 de ellos.