Turley: Acciones de Mueller constituyen un “golpe” ilegal

20 de diciembre de 2017

19 de diciembre de 2017 — En un artículo que publicó en el periódico capitalino The Hill, el experto en derecho constitucional Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, señaló que el abuso del poder judicial del fiscal especial Robert Mueller en su intento de enjuiciar al Presidente Trump, sigue los pasos del notorio ex director del FBI, J. Edgar Hoover.

Hoover, quien es ahora un paria hasta en el mismo FBI, decía de manera elocuente, que “la justicia es solo algo incidental a la ley y el orden”, comenta Turley, pero no obstante, “la actitud de Hoover hacia la utilización del poder federal perdura como un virus latente. Demasiado a menudo, los investigadores interpretan las cuestiones judiciales inciertas como una licencia para la acción”.

En particular, Turley denuncia y ataca el hecho de que Mueller confiscó decenas de miles de correos electrónicos del equipo de transición de Trump, como algo “judicialmente sin precedentes y estratégicamente imprudente”, porque los tomó de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) que es la entidad custodia de todos los correos electrónicos de la transición.

“El enfoque de utilizar la fuerza contundente que se utilizó en el caso de la GSA, es algo que lleva la firma de Mueller y sus asociados de mano pesada, como Andrew Weissman”, dice Turley. “Como lo he escrito ya antes, Mueller tiene un historial controvertido por atacar el privilegio de la relación entre el abogado y el cliente, así como por las tácticas duras en contra de sus objetivos. Como fiscal federal, ha sido acusado de intervenir las conversaciones de un abogado con su cliente. El historial del asociado de Mueller, Andrew Weissman, cuenta entre sus haberes “importantes anulaciones en procesos anteriores por excederse del alcance del código penal o por conducta ética cuestionable”, dice Turley.

Turley advierte que la maniobra de Mueller contra los correos electrónicos confidenciales de la transición, bajo custodia de la GSA, “lleva su investigación hacia territorio judicial incierto”, y si se le acepta, podría crear nuevas leyes a su favor.

La GSA solo proporciona el espacio para los archivos de la transición (de una administración de gobierno a la entrante), en tanto que los Archivos Nacionales se encarga de controlar el acceso a ellos, y ha sostenido de manera expresa que “el material que generen los miembros [de los equipos de transición] o que reciban, no constituyen archivos presidenciales, sino material privado”, y por lo tanto, la GSA acepta borrar “toda la información en dispositivos” de computadora que utilice el personal de transición.

Cuando el equipo de Mueller descubrió que los registros de transición no habían sido borrados todavía, exigió que se los entregasen, aunque el equipo de Trump alegó que eso era información privilegiada y protegida. El abogado general de la GSA, Richard Beckler, coincidió con el equipo de transición en que la GSA controla los archivos. Sin embargo, Beckler fue hospitalizado de emergencia, y entonces el equipo de Mueller aprovechó par entrar y confiscar miles de mensajes.

El abogado de Trump envió una carta al Congreso, donde dice que el despacho de Mueller había negado que sacó los correos de los dispositivos electrónicos (celulares, etc.), pero luego se conoció que no necesitaba hacerlo. En realidad, “el despacho del fiscal especial ha recibido decenas de miles de correos electrónicos, entre ellos una cantidad significativa de material privilegiado (de la GSA) cuando Beckler estuvo hospitalizado. No han evidencia de que la solicitud de esos materiales se hizo con una solicitud aprobada por un tribunal”.

Esas acciones son típicas de Weissman, el socio de Mueller, dice Turley, y señala que Weissman ha tenido muchas “anulaciones” de procesos por sus acciones ilegales, “al costo de millones de dólares en procesos fallidos (y de vidas arruinadas). Cualquier evidencia, si está contaminada, se puede tirar a la basura, dije Turley, del mismo modo en que Lawrence Walsh, el fiscal independiente en el caso Irán-Contra, vio que la condena de Oliver North fue anulada porque la corte de apelación pensó que estaba “contaminada” por evidencia derivada del testimonio que dio North ante el Congreso, bajo inmunidad.

La conclusión de Turley es que, “si Mueller quiere más que un proceso de golpe, la maniobra contra la GSA fue una puerta que debió abrir en su investigación, en vez de tumbarla. Solo el tiempo dirá, por supuesto, pero esta es una complicación judicial que era tan innecesaria como que no tiene precedentes”.