Trump objeta algunas disposiciones en la ley de Autorización de Defensa Nacional

16 de agosto de 2018

16 de agosto del 2018 –- El Presidente Donald Trump firmó la ley de Autorización de Defensa Nacional de año fiscal 2019 con una gran fanfarria. En sus declaraciones públicas, Trump elogió la ley por dar el mayor respaldo a las fuerzas armadas de Estados Unidos en muchos años. Sin embargo, la declaración que el firmó, como se dio a conocer en el sitio electrónico de la Casa Blanca, indica que tuvo objeciones a una gran número de las disposiciones de la ley, sobre todo varias que tienen que ver con relaciones exteriores. Sus objeciones son en primer lugar sobre las restricciones de forma implícita o directa sobre el derecho que tiene el Presidente para actuar sobre algunos temas, dada la potestad presidencial como comandante en jefe, en lugar de los temas en sí mismos. No obstante, vale la pena tomar en cuenta que las áreas en cuestión incluyen: la soberanía de Rusia sobre Crimea; el bloqueo del financiamiento estadounidense para la implementación del Tratado de Cielos Abiertos; la limitación de la cooperación militar con Rusia; el fortalecimiento del ejército de Taiwán; la prohibición a China de su participación en los ejercicios militares RIMPAC; y la justificación sobre la campaña bélica de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Yemen.

Una gran cantidad de esas disposiciones requieren que el Presidente certifique ante el Congreso que ciertas condiciones determinadas se hayan cumplido, antes de que él pueda tomar acciones diplomáticas o militares. Otras disposiciones “son vinculantes” respecto a la posición de Estados Unidos en cuestiones militares en el extranjero y de relaciones exteriores. En ambos casos, la declaración dice que el Presidente va a tratar esas disposiciones de acuerdo con el Artículo I de facultades ejecutivas que establece la Constitución de Estados Unidos, “incluyendo la autoridad de determinar los términos sobre qué reconocimiento se da a las soberanías extranjeras, recibir representantes extranjeros, y conducir la diplomacia de la nación”. Una de las secciones que se enumera en este punto prohíbe que se dé financiamiento a cualquier actividad que reconozca la soberanía de la Federación Rusa sobre Crimea.