Guardia constitucional: Una alerta periódica sobre los peligros inminentes a la razón de ser de Estados Unidos

22 de marzo de 2019

22 de marzo de 2019 — Los demócratas encabezados por Elizabeth Warren y otros están proponiendo abolir el colegio electoral en Estados Unidos. Este antiguo baluarte de la república permite la representación en zonas del país distintas de las costas dominadas por las élites, a donde muchos han huido como resultado de la devastación postindustrial impuesta por estas mismas élites. En vez de esto, los demócratas proponen revertir hacia una democracia pura, de otra forma conocida como la ley de la turba, algo que rechazaron totalmente los Padres Fundadores de Estados Unidos. También proponen reducir la edad para votar a 16 años y permitirle votar a los inmigrantes ilegales. Según ellos, esto evitaría que Donald Trump ganara la reelección en el 2020.

Los demócratas, de nuevo, están dejando flotar la idea de que se deben agregar más puestos a la Corte Suprema de Justicia con el fin de garantizar igual representación política en esa institución. Lo que les preocupa es que una Suprema Corte más conservadora pudiera actuar en contra del infanticidio que ahora están promoviendo los candidatos del partido demócrata en la forma de apoyo al aborto hasta el final del embarazo y el derecho de la mujer y el doctor a decidir matar incluso al bebé recién nacido, aún después del parto.

Mientras tanto, la familia Murdoch y Twitter se están movilizando para cerrarle las puertas a la capacidad del Presidente Trump de comunicarse con la población. Fox, que recientemente vendió muchas de sus propiedades de entretenimiento a Disney, va a retener sus canales noticiosos Fox, pero bajo el control de las nuevas generaciones de la familia Murdoch, en especial de Lachlan Murdoch. Según diversas fuentes, Lachlan insistió en contratar a la defraudadora clintoniana, Donna Brazile y a colocar al ex presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan en la junta directiva. Anoche, Brazile apareció por primera vez en el programa de Hannity. La juez Jeanine Pirro, una favorita de Trump, está actualmente fuera de la red por haber hecho comentarios políticamente incorrectos, poniendo en duda la lealtad del congresista por Minnesota Ilhan Omar. Se comenta que tanto Hannity como Tucker Carlson, están bajo grandes presiones de los Murdoch debido a su lealtad con el Presidente. Ambos programas tienen una tasa de audiencia más alta que cualquier otro programa de cable de la competencia.

Además, el presidente Trump, en declaración en el jardín de la Casa Blanca el miércoles 20, dijo que Twitter —su principal medio de comunicación con la población— lo estaba siguiendo con el propósito de censurarlo, y que se debería hacer algo al respecto. Twitter y Facebook están colaborando con la “Iniciativa Integridad” (operación de las fuerzas armadas británicas) y el centro de Comunicaciones Estratégicas del Departamento de Estado para censurar y prohibir los discursos que ellos consideren ofensivos. En un acontecimiento paralelo, que involucra un aspecto diferente de la Primera Enmienda, los medios cubren ampliamente las declaraciones del antiguo anfitrión del programa Nightline, Ted Koppel, en el sentido de que la prensa ha perdido toda objetividad y es simplemente un instrumento de guerra en contra de Donald Trump.

El 17 de marzo, al aparecer en el programa “60 Minutos”, el ejecutivo de la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Ira Glasser dijo que la actual ACLU no es más que una organización abiertamente partidista y ya no se puede contar con ella para defender la Constitución. Glasser cita el apoyo incondicional de ACLU a los acusadores de Brett Lavanaugh en las audiencias del Congreso sobre su nombramiento. Glasser destaca que al abandonar el principio de presunción de inocencia, la ACLU se ha convertido esencialmente en una organización partidaria de abandonar la Quinta y Catorceava Enmiendas sobre las cláusulas de proceso debido de la Constitución que la ACLU solía defender como su misión central. Glasser se une al creciente número de personas que, a pesar de sus desacuerdos con Trump, ven la destrucción de la Constitución como un peligro mucho, mucho mayor para Estados Unidos.