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LaRouche y Trump: Ya es hora de ajustar cuentas

6 de octubre de 2020
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Agentes del FBI en Leesburg, VA, durante el allanamiento a las oficinas centrales del movimiento de LaRouche.

6 de octubre de 2020 — El 6 de octubre de 1986, hace 34 años este martes, 400 policías federales y estatales tomaron por asalto a Leesburg, Virginia, junto con los tanques privados puestos a la orden por Magdalen Ohrstrom Bryant la heredera del condado de cacería de Middleburg, Virginia. Presumiblemente, el asalto tenía el objeto de cumplir con desmesuradas órdenes de cateo, federales y estatales, a entidades asociadas con Lyndon LaRouche.

Las órdenes originales no incluían a LaRouche personalmente, ya que no tenían ni siquiera pretextos amañados para hacerlo. Dos miembros del equipo de seguridad de LaRouche fueron detenidos junto con un recaudador de fondos del movimiento de LaRouche, con base a una orden emitida bajo los auspicios de Robert Mueller, entonces fiscal federal en Boston. Este es el mismo Robert Mueller que condujo la cacería de brujas infundada contra Donald Trump y personas asociadas con el Presidente.

Los documentos que fueron incautados se llevaron a una base militar, al Salón Henderson del Fuerte Myer, un proceso difícilmente normal para guardar documentos incautados con órdenes de cateo. El pretexto para hacer eso fue tan ridículo como irrisorio, pero sin embargo, ese es el motivo que aparece en los documentos federales oficiales que explican el por qué se hizo: que el movimiento de LaRouche de algún modo penetraría una base fortificada de la Armada para recuperar los documentos. Más tarde se conoció que los tanques al mando de Herb Bryant, el hijastro de la señora Bryant, fueron obtenidos realmente por el coronel Tom Harvey, un asistente militar del entonces vicepresidente George H.W. Bush.

Agentes del FBI y de la policía estatal de Virginia, acompañados de una unidad SWAT fuertemente armada, rodearon la granja donde estaban Lyndon LaRouche y Helga LaRouche. El zumbido de los helicópteros era constante. Los medios noticiosos transmitían la versión de que pronto habría un ingreso armado en la granja. LaRouche envió un telegrama al Presidente Reagan urgiendo por su intervención, y repentinamente, los que rodeaban la granja cesaron en su intento.

Los documentos oficiales del caso, obtenidos después, además de otros testimonios, revelaron que se había intentado obtener otra orden de cateo y allanamiento de la granja, pero nunca se materializó. Años más tarde, el asistente del Sheriff del condado de Loudoun, Donald Moore, confesó a un informante del FBI que el plan era meterse a la granja y matar a LaRouche luego de que provocaran una balacera. Todo esto se cometió en contra de personas que el ex Fiscal General Ramsey Clark calificó adecuadamente como “gente de libros”. Las ideas de Lyndon LaRouche habían tenido un impacto profundo en el pueblo estadounidense y su movimiento estaba en expansión. El gobierno secreto había decidido pararlo junto con su movimiento, a como diera lugar. Un documento que se obtuvo posteriormente en base a la ley de libertad de información, reveló que todo eso había sido instigado en base a exigencias del gobierno británico.

Estados Unidos ha enfrentado un ataque similar completamente ilegal en contra de Donald Trump y sus partidarios durante cuatro años. El esfuerzo del Presidente y de su Fiscal General, William Barr, para detener lo que constituye un golpe de estado en frío contra la Presidencia de Estados Unidos, ha sido obstaculizado a cada momento por la mentada comunidad de inteligencia que procura encubrir los delitos que cometió en un intento temerario y precipitado por impedir la elección de Trump, con la intención al mismo tiempo de seguir con la política económica y de seguridad nacional que ha destruido a Estados Unidos. El director de la CIA de Obama, John Brennan, dijo bajo testimonio ante el Congreso que desde 2015, los británicos estuvieron exigiendo una investigación de Trump. Esa demanda se basaba evidentemente en el planteamiento que ya había hecho Trump de que quería colaborar con Rusia en el combate al terrorismo y que quería acabar con las guerras sin fin.

El domingo 4 de octubre, el congresista Nunes, el miembro de mayor rango en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que él había visto documentos que son una bomba, como pruebas de la delincuencia desatada en la comunidad de inteligencia que trabajaba para Barack Obama. Estas pruebas han estado a la espera de ser desclasificadas (la “comunidad de inteligencia” las clasificó como “secreto máximo”) por el Director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe. Otras pruebas de la criminalidad de esos personajes, que ya han visto varios miembros del Congreso, siguen bloqueadas para el público bajo el rubro de “clasificada”.

Nunes dice que se debería clausurar a la comunidad de inteligencia si continúa obstaculizando los esfuerzos de Ratcliffe y otros para desclasificar las pruebas de los delitos que se han cometido, así como los mitos difamatorios y calumniosos que se han inventado y que los medios corporativos han difundido con el fin de socavar a la Presidencia de Trump. Las órdenes ejecutivas y reglamentos vigentes prohíben la clasificación de “secreto” a documentos que podrían avergonzar a las agencias o para encubrir delitos. El congresista Nunes tiene la razón, y los jueguitos de los espías tienen que parar. El pueblo estadounidense tiene que conocer esto antes de emitir su voto para la Presidencia.

Luego de la elección, los funcionarios del gobierno de Obama implicados en el complot golpista, temerosos de que los agarraran por sus delitos, continuaron decididos a subvertir el mandato claro que significó la elección de Trump (acabar con las guerras sin fin, acabar con la globalización, reconstruir la economía y establecer relaciones amistosas con Rusia y China, no de confrontación, que fueron las promesas de campaña de Trump) siguieron con su campaña de guerra informativa y psicológica para voltear a la población en contra del Presidente. El jefe del FBI, James Comey, trató de entrampar al Presidente mismo por supuesta obstrucción de la justicia, y cuando Trump lo despidió, pusieron al fiscal corrupto Robert Mueller para continuar el ataque.

Nada ilustra mejor esto, que el caso del teniente general Michael Flynn. Flynn fue la “cabeza” más importante que procuró tumbar Robert Mueller, cuando Flynn firmó un acuerdo de culpabilidad en diciembre de 2017. Pero ahora se conoce que todo lo que fue este caso estuvo amañado desde el comienzo, para entrampar a un hombre inocente de todas las imputaciones. Todos los elementos de prueba de la inocencia de Flynn fueron ocultados deliberadamente al equipo de defensa de Flynn.

Obama ordenó personalmente la prosecución de Michael Flynn, en una reunión en la Oficina Oval el 5 de enero de 2017, luego de que el FBI no pudo encontrar nada de que inculparlo. ¿Qué motivo tenía Obama? Mike Flynn conocía todo sobre el gobierno secreto que ha mantenido como rehén a la nación. Se había comprometido a reorganizar completamente a la comunidad de inteligencia. Abogaba a favor de trabajar con Rusia en áreas de interés mutuo, como el terrorismo. Del mismo modo que Smedley Butler, quien desafió al golpe de Wall Street contra el Presidente Franklin Roosevelt, el teniente general Michael Flynn, quien fue director de la Agencia de Inteligencia Militar (de 2012 a 2014), había develado personalmente los crímenes de guerra que planeaba Obama en Siria, los planes para apoyar y armar a los grupos terroristas de Al-Qaeda y al-Nusra, junto con otros extremistas sunitas. Flynn había pronosticado de manera precisa el ascenso del Estado Islámico de Irak y Siria (EIIS) debido a las operaciones de Obama en Siria y Libia, y reclamó tan abiertamente que Obama lo quitó del cargo. Flynn podía probar que las “decisiones deliberadas” del gobierno de Obama causaron el ascenso del EIIS y toda la matanza que le siguió.

Ahora bien, Flynn sigue todavía preso, a pesar de que el Departamento de Justicia retiró todos los cargos en su contra y suspendió toda prosecución, pero el juez se declaró también fiscal acusador. El juez federal, Emmet Sullivan, un amigo cercano del compinche de Obama, su ex fiscal general Eric Holder, quiere continuar con el procesamiento del caso por su cuenta, en violación de la separación de poderes que ordena la Constitución, mientras que los medios corporativos aplauden su actuación.

El congresista Nunes tiene razón. La charada debe terminar ya. Todos los documentos identificados por la Cámara de Representantes en su investigación, así como los documentos referidos por el fiscal John Durham y el director de inteligencia nacional John Ratcliffe en sus indagatorias subsecuentes, así como todo documento que detalla el proceso de golpe en frío en contra del Presidente, se tienen que desclasificar ya, antes de la elección. El pueblo estadounidense debe tener la oportunidad de absorber el significado de todo eso. Lo que está en juego es nada menos que la propia Constitución de Estados Unidos.