El panel fascista de Obama se llama IMAB, y va a matar

25 de marzo de 2010

24 de marzo de 2010 (LPAC).— Aunque el Presidente Obama y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, proclamaron eufóricos que la ley de atención que Obama acaba de refrendar "es lo que hace a Estados Unidos de América" y "honra las promesas de nuestros próceres que en la Declaración de Independencia hablaban de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad", la parte medular de la ley, el llamado Consejo Consultivo Independiente de Medicare (IMAB, por sus siglas en inglés), como lo había indicado Lyndon LaRouche desde un principio, está modelado en el panel genocida de Hitler, Tiergarten-4, y a menos que sea revocado, significará la muerte adelantada de innumerables estadounidenses. Contraste las mentiras de Obama y Pelosi con el proyecto de ley de atención médica del Senado, que ahora aprobó la Cámara de Representantes y refrendó el Presidente Obama.

En la Sección 3403, la ley crea un Consejo Consultivo Independiente de Medicare, al que se le asigna la tarea de hacer recomendaciones cuyo propósito es "reducir la tasa de crecimiento del gasto per cápita en Medicare", el programa gubernamental de atención médica a los mayores de 65 años. Específicamente, la ley dice que con la "implementación de las recomendaciones... habría que esperar que no resulte, en un período de 10 años que empieza con el año de implementación, en un aumento en la suma total del gasto en el programa neto de Medicare con relación con la suma total... que hubiese ocurrido sin dicha implementación".

La ley "faculta al Secretario de Salud y Servicios Humanos para imponer medidas de eficiencia". Aunque hay límites en el uso de la eficiencia comparativa [un procedimiento para evitar los tratamientos considerados costosos] para justificar la negación de tratamiento medico basado en el criterio de la "calidad de la vida" [un término empleado para fijar un costo justificado a los años de vida restantes de una persona], las medidas de "calidad" y "eficiencia" no están sujetas a estas protecciones antidiscriminatorias tan sumamente importantes. Específicamente, las propuestas del Consejo Consultivo podrán ser recomendaciones que "mejoren el sistema de atención médica y los resultados de salubridad, como la promoción de... mejoras en la calidad y la eficiencia... y proteger y mejorar el acceso de los beneficiarios del Medicare a servicios y productos en base a la evidencia".

Comenzando en 2014, el Consejo ha de hacer recomendaciones para asegurar que el ritmo de crecimiento de los gastos no exceda un nivel estipulado.

Para 2015, el Consejo Consultivo ha de especificar como recortar los pagos al Medicare, a menos que se proyecte un gasto en Medicare que sea menor o igual a una "meta" fijada en el punto medio entre la inflación en servicios médicos y la tasa de inflación promedio de todos los bienes y servicios (el "Índice de Precios al Consumidor Urbano"); el consejo decidirá si recorta la diferencia que haya con respecto a la "meta" de inflación o a la mitad, según cual resulte el menor.

Para 2016, el Consejo habrá de especificar como recortar Medicare, según lo que resulte menor, ya sea la diferencia con la meta para ese año, o uno por ciento; y para el 2017 para lo que resulte menor, la diferencia con la meta para ese año o 1.25 por ciento.

Para 2018 y los años subsiguientes, la meta se fija de acuerdo al crecimiento nominal del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita más 1 punto porcentual, y el Consejo debe especificar como recortar los pagos a Medicare de acuerdo a lo que resulte menor, la diferencia con esa meta o 1.5 por ciento.

Cada año, la Secretaría de Salubridad y Servicios Humanos debe de implementar las directivas del Consejo Consultivo, a menos que el Congreso, dentro de un límite de tiempo, introduzca una ley con un conjunto alternativo de restricciones para lograr el mismo resultado. Sin embargo, el Congreso no podrá reducir la cantidad neta de los recortes programadas, a menos que tres quintas partes de ambas cámaras legislativas aprueben hacerlo. La ley llega al punto de prohibirle a cualquier Congreso futuro revocar estas estipulaciones, excepto en la oportunidad única de terminar con la ley en 2017. Esto ultimo requerirá una resolución conjunta que se ha de introducir a más tardar el 1 de febrero de 2017 y se ha promulgar a más tardar el 15 de agosto de 2017. Pero si se elimina el Consejo Consultivo, esto no tendría efecto sino hasta el 16 de agosto de 2018.

¿Cómo va a llevar a cabo el Consejo Consultivo estos recortes en Medicare?

Nominalmente, la ley le da al Consejo Consultivo la instrucción de no "racionar la atención médica, elevar el ingreso o las primas del beneficiario de Medicare..., elevar el cotos compartido con el beneficiario de Medicare..., o restringir de otro modo los beneficios ni modificar el criterio de elegibilidad". Fundamentalmente, las reducciones tendrán que salir de las cantidades que se le otorgan a los proveedores de atención médica. De acuerdo al Centro Robert Powell de Ética Médica, es muy probable que esto tenga dos efectos de racionamiento de la atención médica, o ambos efectos a la vez.

Primero, un número cada vez mayor de proveedores de Medicare, en la medida en que el gobierno les desembolse cada vez menos de los costos de atención médica a beneficiarios de Medicare, dejarán de aceptar nuevos pacientes de Medicare.

Segundo, el Consejo Consultivo podría cambiar la forma en que están estructurados los pagos a los proveedores, en vez de un modelo de tarifa-por-servicio, un modelo "per capita", por ejemplo, en que a los médicos se les pagaría una cantidad fija anual por paciente; o un modelo basado en "casos", según el cual se paga una cantidad fija según la enfermedad o la lesión. En cualquiera de estos casos, el medico o cualquier otro proveedor de atención médica, tendría un enorme incentivo financiero para limitar el tratamiento que daría, en especial si es costoso. Entonces, para estar acorde con los estatutos, el Consejo mismo no estaría "racionando" el tratamiento, pero si estaría forzando a los proveedores de atención médica a que lo hagan.

La Sección 10304 faculta al Secretario de Salubridad y Servicios Humanos para imponer "medidas de eficiencia", además de las "medidas de calidad" en los proveedores de atención médica. Estas medidas se han de incorporar "en programas de la población en edad laboral, en currículos de entrenamiento, y cualquier otro medio de diseminación que el Secretario determine apropiado". Estas medidas se han de utilizar en los cálculos de compras de los hospitales, y los servicios de diálisis renal se tienen que regir por ellas o serán penados. Los proveedores de atención médica, como los asilos para enfermos terminales, los centros de cirugía ambulatoria, instalaciones de rehabilitación, agencias de salud domiciliaria, médicos y hospitales deben de proporcionar informes, que sean de disponibilidad pública, en base a estas medidas.

En consecuencia, ejercen una influencia considerable en como ejerzan la medicina los proveedores de atención médica, y en consecuencia sobre que tratamiento, o cual no, reciban los pacientes. En la literatura médica y bioética, las medidas de calidad y eficiencia se basan a menudo en las normas de "calidad de vida" que discrimina de acuerdo a la edad y minusvalía. En consecuencia, en el período en el que el grupo de seis senadores negociaban para llegar a un proyecto de ley bipartidista, se llegó al acuerdo de aplicar un lenguaje antidiscriminatorio a los resultados de la eficiencia comparativa (que compara tratamientos de acuerdo al costo, y el menos costoso se determina ser el más eficiente).

Sin embargo, las medidas de calidad y eficiencia NO están sujetas a los mismos límites de empleo de los criterios de calidad de vida que se aplican al uso de la eficiencia comparativa. En consecuencia, el Secretario de Salubridad tiene la libertad de formular dichas medidas de modo que tenga el efecto de racionar el tratamiento según la minusvalía, la edad, o cualquier otro criterio de "calidad de vida".