La directiva para guerras por decreto: otra atrocidad enjuiciable de Obama

17 de febrero de 2012

17 de febrero de 2012 — El 4 de agosto de 2011, en medio de su guerra incostitucional contra Libia, el traicionero títere británico Presidente Barack Obama, emitió su Directiva de Estudio Nacional #10 (NSD #10), la cual ordena la creación de una "Junta Interagencial para Prevención de Atrocidades", a fin de institucionalizar los mecanismos y procedimientos de las guerras anticonstitucionales de Estados Unidos en cualquier parte del mundo, a nombre de supuestamente "impedir el genocidio". Con su NSD #10, Obama puso en marcha la reestructuración formal de la política exterior estadounidense y de las instituciones de inteligencia para que estén acordes con su nuevo estatus de supuesta satrapía abyecta de la monarquía británica.

La NSD #10 miente con todo descaro en su declaración donde afirma que "impedir atrocidades en masa y genocidio es un interés primordial de seguridad nacional y una responsabilidad moral primordial de Estados Unidos". Ese es el argumento que esgrime la doctrina que se denomina sofísticamente "Responsabilidad de Proteger" (que se conoce con el acrónimo en inglés de "R2P"), que se originó a partir de la doctrina imperial de "guerra preventiva" que enunció el entonces primer ministro británico Tony Blair, en su infame discurso de Chicago en 1999, donde declaró el fin del principio de la soberanía que ha guiado los asuntos internacionales desde el Tratado de Westfalia de 1648. Obama se basó en ese pretexto mentiroso para llevar a cabo su guerra ilegal contra Libía, una guerra que ahora quiere calcar en contra de Siria, y que está planeada para cualquier otra nación que se le ocurra.

La NSD #10 orienta al Asesor de Seguridad Nacional a "conducir un estudio interinstitucional enfocado a desarrollar y recomendar los miembros, el mandato, la estructura, los protocolos operacionales, las autoridades y el apoyo necesario para que la Junta para Prevenir Atrocidades coordine y desarrolle la política de prevención de atrocidades y la respuesta". Dicha Junta debería de estar lista operativamente a los 120 días de la fecha de que se emitió la Directiva Presidencial (que tiene el carácter de un decreto del Ejecutivo para llevar a cabo una guerra sin tener que declararla ni solicitar autorización al Congreso), con el mandato de "coordinar todo el enfoque del gobierno para impedir atrocidades en masa y genocidio"; aportar "un marco de política general y el correspondiente mecanismo entre las agencias para impedir y responder a las atrocidades en masa y al genocidio", que permita "intervenir a tiempo, de modo proactivo y decisivo para impedir que avancen las amenazas". Se consideran todas las opciones: "Desde la intervención económica y diplomática y de acciones militares sin combate hasta intervención directa".

Entonces, si ese plan prosiguió según se enunció en agosto del año pasado, esa entidad está operativa y a cargo de las maniobras estadounidenses –-ordenadas por la monarquía británica—- en toda circunstancia que esgriman esos argumentos.

Esto quiere decir además que no solo tienen los británicos metida su mano directamente en la cadena de mando para usar las armas nucleares, sino directamente en la reestructuración de las fuerzas armadas de EU también. En su edición del 6 de mayo de 2011, el semanario Executive Intelligence Review documentó como se había erigido todo un aparato internacional desde que Tony Blair dio su discurso de 1999, dedicado a imponer su doctrina "R2P" del fin de la soberanía nacional, un aparato internacional financiado y con personal en la nómina de los promotores británicos de la legalización del narcotráfico como el especulador buitre George Soros. Este es el proyecto en el que han estado trabajando desde más de una década la asesora de Obama, Samantha Power, y la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice. Además, el director de personal de Seguridad Nacional de Obama para Atrocidades y Crímenes de Guerra, David Pressman, el encargado de supervisar la creación de la Junta, fue un activista de la campaña británica con Power y Rice en contra de Sudán, que se llevó a cabo con el pretexto de esta doctrina.

Juega un papel clave en todo este aparato internacional de la R2P, el Instituto de Ética, Derecho y Conflicto Armado de la Universidad de Oxford (ELAC, por sus siglas en inglés), que en noviembre pasado patrocinó un grupo de trabajo conjunto del Reino Unido y Estados Unidos sobre la "ética en las fuerzas armadas" bajo las circunstancias que esgrime la doctrina R2P. Ese taller se realizó poco después de que miembros de ELAC participaron en una reunión del 13 al 15 de octubre de 2011 con unos 30 funcionarios del gobierno estadounidense y "especialistas en atrocidades en masa" (sic!) que realizó la Fundación Stanley cerca de Washington, D. C., para discutir la "reestructuración del gobierno de EU para impedir atrocidades: Consideraciones para una Junta de Prevención de Atrocidades".