Departamento de Justicia instruye a procurador de DC a que desconozca la ley federal

2 de julio de 2012

2 de julio de 2012 — Como lo habíamos informado anteriormente, el Departamento de Justicia (DOJ) respondió al citatorio de la Cámara de Representantes del 28 de junio declarando en desacato al Procurador General Eric Holder, con una carta del Subprocurador General, James Cole (el subordinado inmediato de Holder) al procurador federal para el Distrito de Columbia, Ronald Machen y al presidente de la Cámara de Representantes John Boehner (R-Oh.) ese mismo día. La carta de Cole le informa a Boehner y Machen que "el Departamento no va a llevar la demanda por desacato al Congreso ante un gran jurado ni tomará ninguna otra acción para procesar al Procurador General".

La carta de Cole cita la "posición tradicional" del DOJ —¡que se remonta hasta 1984!— de no enjuiciar a ningún funcionario de la rama ejecutiva por desacato al Congreso, cuyas acciones hayan estado respaldadas por el ejercicio del privilegio presidencial, como lo hizo valer el presidente Obama en relación a los documentos de la operación "Rápido y Furioso" que solicitaba la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Sin embargo, como lo señaló el senador Charles Grassley en carta del 29 de junio al procurador federal Machen, dicha decisión ciertamente no le corresponde tomarla a Cole: "la ley claramente le asigna ese deber a usted y a nadie más". Es más, Grassley dice en la frase anterior: "Este lenguaje [de la ley] es bastante claro y simple de comprender. No es opcional".

Las leyes en cuestión están en el Título 2 del Código de Estados Unidos. La Sección 192 estipula que el negarse a aportar testimonios o documentos requeridos por una comisión o una cámara del Congreso es una falta leve, estableciendo sanciones ("una multa de no más de $1,000 y no menor de $100 y encarcelamiento en una celda común de no menos de un mes o no más de doce meses"). La Sección 194 prescribe que cuando ocurre una negativa descrita en la Sección 192:

"una declaración de hechos constituyentes de dicha falta se reporta a y se somete a consideración del presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Representantes, será deber del antedicho presidente del senado o presidente de la Cámara de Representantes, cualquiera que sea el caso, certificar, y así deberá certificar, la declaración de los hechos antes mencionados bajo el sello del Senado o Cámara de Representantes, cualquiera que sea el caso, ante el procurador federal apropiado, quien deberá presentar el asunto ante el gran jurado para su acción". (énfasis agregado).

El uso de la palabra "deberá" en un estatuto significa que la acción que se prescribe es obligatoria, lo que no deja lugar a discreción sobre la persona a la que se dirige —y ciertamente no es discreción del subprocurador general a nombre del procurador general quien es el sujeto del gran jurado obligatorio. Como dice el senador Grassley, "esto no es opcional".

Es más, el estatuto introduce otra rama del gobierno, debido a que un gran jurado federal es parte del Poder Judicial. Es el gran jurado, bajo la supervisión de un juez federal —no el procurador federal, ni el DOJ— el que lleva a cabo las investigaciones, aunque normalmente orientadas por la oficina del procurador federal, y bajo la Sección 194, después de haber sido notificados por el procurador federal. Presumiblemente, si el DOJ quiere presentar el ejercicio del privilegio presidencial ante el gran jurado federal que investigue el presunto desacato al Congreso, y los insta a que no enjuicien a Holder (lo que puede hacer el gran jurado ante cualquier delito supuesto), el Departamento de Justicia puede hacerlo.

La posición del DOJ va más allá de los decretos presidenciales firmados, tan populares en los gobiernos de Bush y Obama, estableciendo que el Presidente no va a aplicar ciertas partes de una ley promulgada por el Congreso, o la decisión reciente de Obama de no aplicar la ley en contra de ciertas categorías de inmigrantes ilegales: el DOJ ahora afirma que puede instruir a uno de sus empleados, para que no cumpla con la ley que específicamente lo designa a el o ella para que emprenda una acción específica. Probablemente si el procurador federal Machen cumple con la carta de Cole, en vez de con una ley federal clara, esto es causal para el enjuiciamiento político de Machen por parte del Congreso, y si el DOJ afirma que Machen tiene que obedecer a Cole (quien, como subprocurador general, supervisa a los procuradores federales de la nación) esto pudieran ser causal del enjuiciamiento político de Cole.

Esta es otra más de las violaciones constitucionales a nombre de Nerobama. La rápida acción de Cole es equivalente a una negativa tajante a obedecer una ley federal por parte del gobierno de Obama y en especial por parte del Departamento de Justicia (DOJ) que se supone es la agencia encargada de aplicar la ley más elevada de la nación.