Tribunal de Apelaciones condena la violación de Obama a la separación constitucional de poderes

27 de enero de 2013

26 de enero de 2013 — El Tribunal federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia emitió un fallo de 47 páginas hoy el 25 de enero de 2013, haciendo valer la Constitución de EU en contra de la violación de la separación constitucional de poderes por parte de la rama ejecutiva, al dictaminar que el Presidente Obama violó la Constitución al hacer nombramientos en tiempos de receso cuando el Senado realmente estaban en sesiones.

La importancia de la decisión se extiende mucho más allá del caso específico que engendra esta decisión, como lo reconoce el Tribunal cuando establece desde la introducción que "aunque la postura de la solicitud es de rutina, en la medida en que se desarrolló, no lo es nuestra revisión". Su agresiva defensa de la separación de poderes y el derecho constitucional de los Tribunales a juzgar la legitimidad de las leyes (citando entre otros, el caso decisivo de Marbury Vs. Madison de que "es enfáticamente el campo y deber del departamento judicial el decir qué es la ley") tiene implicaciones en otros casos inmediatos graves de violaciones constitucionales por parte del Presidente Obama. Dentro de solo dos semanas, el 7 de febrero, un tribunal federal en el mismo circuito judicial tiene programada una audiencia sobre la moción del Departamento de Justicia para desechar el caso de la Cámara de Representantes en contra del obstruccionismo del Procurador General Eric Holder a los citatorios del Congreso sobre el caso de la operación "Fast and Furious" (Rápido y Furioso), el trasiego de armas de EU a los carteles de la droga en México llevado a cabo por agentes del Departamento de Justicia.

Igualmente la decisión va a pesar en las violaciones a la Ley sobre Poderes de Guerra por parte del Presidente, y la defensa del senador John Kerry a dichas violaciones.

El caso específico al que se refiere fue una apelación a una decisión tomada por la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NRLB por siglas en inglés), presentada en base a que la decisión de la NRLB era ilegal debido a que tres de sus cinco miembros reglamentarios fueron nombrados presuntamente como "nombramientos en tiempos de receso" por el presidente Obama el 4 de enero de 2012, cuando el Senado se había declarado en sesión pro forma, subvirtiendo así los requerimientos constitucionales de que el Senado aporte su consejo y consentimiento en dichos nombramientos. Obama sostuvo que el podía determinar cuando el Senado estaba en sesiones o no, e hizo los nombramientos.

El Tribunal dictaminó que era nula la decisión de la NRLB, en base a que se violaba la Cláusula de Nombramientos en Receso cuando Obama hizo los nombramientos mientras el Senado estaba en sesiones. La decisión se centra en esta última parte. Es más, está escrita claramente para apoyar el principio constitucional de separación de poderes en general, no solamente en el caso de nombramientos durante el receso congresional, lo que asesta un golpe lateral implícito a las recientes aseveraciones de los supuestos poderes del llamado Ejecutivo Unitario. Según el argumento mismo de la decisión: "Los aspectos de la separación de poderes de la Constitución, de los cuales la Cláusula sobre Nombramientos es uno ellos, no solamente protegen una rama de las otras. Estas disposiciones estructurales sirven para proteger al pueblo, dado que en última instancia quienes sufren son los derechos del pueblo cuando una rama interfiere con otra" [énfasis en el original].

El tribunal cita un memorando dado a conocer por la Oficina de Asuntos Jurídicos, en donde se afirma que "por lo tanto el Presidente tiene el poder discrecional para concluir que el Senado no esta disponible para llevar a cabo su función de consejo y consentimiento y ejercitar su poder de hace los nombramientos durante el receso".

A los cual responde el tribunal:

"Esto no va a ser así. Permitirle al Presidente definir el alcance de sus poderes de hacer nombramientos podría destrozar la separación de poderes de la Constitución. Los pesos y contrapesos que fijó la Constitución en cada una de las ramas del gobierno sirven como 'salvaguarda de aplicación directa en contra de la injerencia o agrandamiento de una rama a costa de otra' [Citando una decisión del tribunal de 1976]. Una interpretación del "el Receso" que le permita al Presidente decidir cuando está el Senado en receso, demolería los pesos y contrapesos inherentes en el requerimiento de consejo y consentimiento, dándole al Presidente rienda suelta para designar a sus candidatos deseados cuando así lo desee, ya sea el fin de semana, a la hora del almuerzo o hasta cuando el Senado esté en sesiones y simplemente esté disgustado ante su falta de actividad. Esto no puede ser la ley".

Y de nuevo: "La carencia de nombramientos entre sesiones en los años y décadas posteriores a la ratificación de la Constitución habla más elocuentemente que la historia del reciente ejercicio presidencial de un supuesto poder para hacer dichos nombramientos... Los últimos presidentes no han hecho otra cosa que interpretar la Constitución. Aunque nosotros reconocemos que todas las ramas del gobierno tienen que ejercer por necesidad su entendimiento de la Constitución con el fin de cumplir con sus deberes fielmente para con ella, en última instancia es nuestro papel discernir el significado autorizado de la ley suprema".

Los argumentos estilo Carl Schmitt (el fiscal del III Reich) que ha esgrimido la Casa Blanca de Obama, de que se puede violar la constitución en base a que la "eficiencia administrativa" requiere que así se haga, fueron rechazados de plano. El tribunal rechazó el argumento del NLRB de que el tribunal tiene que apoyar los nombramientos de Obama con el fin de evitar las "consecuencias fatales" que podrían resultar de revocar sus nombramientos dejando al "Presidente incapaz de cumplir con sus obligaciones constitucionales principales de 'encargarse de que las leyes se cumplan fielmente' ".

El Tribunal dictaminó: "No podemos aceptar una interpretación de la Constitución completamente divorciada de su significado original con el fin de resolver las exigencias creadas por —e igualmente remediables por— las ramas ejecutivas y legislativa. En cualquier caso, si resultara alguna ineficiencia administrativa de nuestra construcción del significado original de la Constitución, eso no nos da el poder de cambiar lo que ordena la Constitución. Como lo observara la Suprema Corte en INS vs Chadha, 'el hecho de que una ley o procedimiento dado sea eficiente, conveniente y útil en facilitar las funciones del gobierno, por sí sola, no se salvaría si fuera contraria a la Constitución'. 4562 U.S. en 994. Enfatiza que 'conveniencia y eficacia no son los objetivos primarios o los sellos distintivos de un gobierno democrático. Idim".