Dos artículos en el LA Times rechaza la guerra unilateral con drones de Obama

19 de febrero de 2013

19 de febrero de 2013 — El diario Los Angeles Times publicó dos artículos en la página editorial ambos fechados el 17 de febrero, que presentan argumentos diferentes aunque relacionados sobre los argumentos judiciales en pro de que la guerra con aviones robot (drones) del Presidente Obama junto con sus listas para asesinato, se sometan a una supervisión más estrecha. El primero, del ex congresista del Partido Republicano (GOP) Tom Campbell, quien sirvió cinco períodos en el Congreso y es ahora el rector de la Escuela de Derecho de la Universidad Chapman, argumenta que la Autorización para el Uso de Fuerza Militar del 2001 no cubre la guerra con drones de Obama y que el Congreso necesita reemplazarlo. El segundo, escrito por Vicki Divoll, ex asesora jurídica adjunta del Centro de Contraterrorismo de la CIA y ex asesora jurídica general de la Comisión de Inteligencia del Senado, dice que la ley no puede ser lo que el Departamento de Justicia dice que es en su ahora infame documento oficial.

Campbell argumenta en contra de que el presidente tenga autoridad unilateral para poner gente en una lista de asesinatos y contra de una supervisión judicial tipo FISA del proceso (una idea, sin embargo, que suscribe el candidato a director de la CIA, John Brennan) porque los jueces no tienen el entrenamiento para considerar el valor de los objetivos y las probabilidades de daños colaterales. Es más, "este enfoque confunde el papel del gobierno para perseguir criminales con el papel del gobierno de llevar a cabo guerras".

"Tampoco es adecuado el proceso normal de supervisión del Congreso" dice Campbell. En vez de esto, lo que se necesita es una nueva resolución siguiendo el patrón de la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que aportaría la necesaria supervisión del Congreso sobre las hostilidades en marcha. "El Congreso debe aprobar una nueva resolución que cubra los ataques con drones, y la Corte Suprema debe decidir sobre su constitucionalidad", señala Campbell. "Al hacerlo así, se restablecería el equilibrio de poderes. La Corte cumpliría con su responsabilidad propiamente constitucional, y si este enfoque se confirma, también se confirma el Congreso y el presidente", concluye el mismo.

En contraste, Divoll ataca el razonamiento legal que se refleja en el documento oficial del Departamento de Justicia sobre las operaciones letales en contra de ciudadanos estadounidenses en el exterior. Señala que el documento oficial se basa, en parte, en la decisión Hamdi del 2004 de la Corte Suprema, para concluir "que no hay problemas de proceso debido con un programa de drones que tengan como blancos a estadounidenses". El problema con esto es, demuestra ella, que el Departamento de Justicia de Obama entresacó esa decisión de tal manera que la pinta como si se tratara de lo opuesto a lo que realmente es. En el caso Hamdi, la Corte Suprema en realidad determinó que un ciudadano estadounidense tiene el derecho a desafiar su detención en un sistema judicial federal, aunque haya sido capturado en un campo de batalla extranjero. Esa lógica, argumenta Divoll, también se aplica al caso de asesinatos selectivos: "Si el ejecutivo no puede actuar por su cuenta cuando está en peligro la libertad de un estadounidense en la guerra al terrorismo posterior al 11 de septiembre, la Corte Suprema debería por lo menos estar igual de preocupada cuando la vida de un estadounidense está en peligro" escribe. "La corte siempre ha fallado que entre más decisivo sea el interés individual en juego, más 'proceso' es debido".

"El gobierno de Obama sigue peleando para que no lleguen hasta la corte los asuntos específicos de asesinatos selectivos para su revisión y decisión" concluye Divoll. "Así que solo tenemos nuestra lectura objetiva de la decisión sobre Hamdi que nos diga que es la ley. No puede ser lo que los abogados del Presidente Obama quisieran hacernos creer porque cuando los abogados del Presidente Bush hicieron los mismos argumentos, perdieron".