El allanamiento del gobierno del Reino Unido al diario Guardian fue "simbólico"

23 de agosto de 2013

23 de agosto de 2013 — El allanamiento de "seguridad" que hizo el gobierno del Reino Unido al diario Guardian, con relación al asunto de Edward Snowden el mes pasado [1], en realidad fue "en gran medida un acto simbólico. Ambos estaban completamente al tanto que existían copias fuera del Reino Unido y que seguirán con los reportajes sobre el espionaje del Estado en el siglo 21", escribió ayer Julian Borger, periodista veterano del Guardian, al describir la decisión tomada por el director del diario, Alan Rusbridger, de destrozar los discos duros de la computadora que se encontraba en las instalaciones del periódico el 20 de julio, en vez de entregarle el material a las autoridades del Reino Unido. Tan repugnante como puede haber sido esta operación de estado policíaco, la medida tomada por Rusbridger significa que va a continuar publicando la información, en vez de enfrentar un arresto preventivo ordenado por un tribunal. De hecho, desde el allanamiento se han publicado algunos de los materiales más perjudiciales al gobierno, como las revelaciones sobre el programa de espionaje XKeyscore y como es que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA en sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha financiado operaciones en las instalaciones del GCHO (la agencia de seguridad nacional del Reino Unido).

Esta no es más que otra demostración de que toda la operación de Edward Snowden, Glenn Greenwald, Laura Poitras y el Guardian implica una planificación y cooperación internacional extendida. Rusbridger involucró deliberadamente a Janine Gibson, la directora del periódico en Estados Unidos, al inicio del contacto con Snowden y en las decisiones de hacer las publicaciones, para aprovechar la protección que da la Primera Enmienda a la prensa en Estados Unidos.

Rusbridger destruyó los discos duros luego de semanas de discusiones con funcionarios del gobierno, que le fueron exigidas al Guardian por orden del primer ministro David Cameron, según informes dados hoy.

"Le expliqué a las autoridades británicas que habían otras copias en Estados Unidos y en Brasil así que no iban a ganar nada", declaró Rusbridger. "Pero una vez que era obvio que ellos iban a tomar acciones legales, yo preferí destruir nuestra copia antes que entregárselas a ello o permitir que los tribunales suspendieran nuestra actividad periodística". Entregarles ese material hubiese sido traicionar a Edward Snowden, porque los archivos podrían haber sido utilizados para procesarlo judicialmente, en caso de que se le hiciera un juicio, y los archivos también se podían haber utilizado como evidencia forense en contra de periodistas que ya los han utilizado.

Tal y como le dijo Rusbridger ayer a la cadena informativa británica BBC, que por su parte ha jugado un papel clave al exponer la mentiras del gobierno de Tony Blair sobre las supuestas armas de destrucción masivas en mano de Iraq y sobre otras cuestiones que llevaron en el 2003 a la guerra contra Iraq, "dado que había otras copias y podíamos trabajar desde Estado Unidos, que tiene mejores leyes para proteger a los periodistas, no vi motivo alguno para que no destruyéramos estos materiales en vez de regresárselos al gobierno... Así que es simplemente una cuestión de transferir nuestra actividad periodística a Estados Unidos", le dijo al noticiero World at One de la BBC.

Además, lord Falconer, quien fue el lord canciller de Tony Blair, declaró ayer que la Policía Metropolitana no tenía bases para detener al ciudadano brasileño David Miranda, compañero del periodista Glenn Greenwald, bajo la Ley de Terrorismo 2000. Falconer, quien ayudó a introducir la ley en la Cámara de los Lores, dijo que la ley deja en claro que la policía solo puede detener a alguien para averiguar si la persona está involucrada en la comisión, la preparación, o la instigación terrorista. Falconer le dijo al Guardian: "Para mi está clarísimo que esto no aplica al señor Miranda, ni en la letra ni en su espíritu". Criticó fuertemente a Theresa May, Secretaria del Interior, por haber apoyado la detención de Miranda.