Instan a 'encausar a los torturadores y a sus jefes'

23 de diciembre de 2014

23 de diciembre de 2014 — Bajo una gran foto de Dick Cheney, el Consejo Editorial del New York Times publicó el lunes 22 de diciembre un mordaz editorial en donde exigen al Presidente Obama que actúe para garantizar que se investigue y enjuicie a los responsables por los actos de tortura depravados y aborrecibles llevados a cabo a nombre del combate al terrorismo.

Para que al gobierno de Obama —quien como señala el Times, "no ha llevado ante la justicia a quien quiera que haya sido responsable por las torturas"— no deje de encausar hasta los niveles más altos de esos responsables por el programa, el editorial da los nombres de los que, mínimamente, tienen que ser presentados ante la justicia.

"Cualquier investigación posible tiene que incluir al ex vicepresidente Dick Cheney; al jefe de personal del señor Cheney, David Addington; al ex director de la CIA George Tenet y a John Yoo y Jay Bybee, los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica encargados de diseñar lo que se conoció como los memorandos sobre tortura. Hay muchos nombres más que se podrían considerar, entre ellos José Rodríguez Jr., el funcionario de la CIA que ordenó la destrucción de las videocintas; los sicólogos que diseñaron el programan de tortura; y los empleados de la CIA que llevaron a cabo ese programa".

El mismo día, la American Civil Liberties Union (Unión Americana por las Libertades Civiles) y Human Rights Watch dieron a conocer un llamado al Procurador General saliente, Eric Holder, para que nombre, antes de dejar su cargo, a un fiscal especial que investigue los delitos detallados en el informe de la Comisión de Inteligencia del Senado sobre el programa de torturas de la CIA. El Times respalda este llamado en su editorial.

Las dos organizaciones que le enviaron la carta a Holder, especifican que debido a que el resumen público del informe del Senado contiene "nueva información significativa" sobre los delitos de "tortura, homicidio, conspiración y asalto sexual", se debe encargar a un fiscal especial para que lleve a cabo una investigación penal completa "de la conducta descrita en el informe, así como todos los actos mediante los cuales se autorizó u ordenó dicha conducta". Especifican que el fiscal tiene que ser independiente y debe dársele acceso no solo a la totalidad del informe sobre torturas del Senado de 6,700 páginas, sino también a las más de seis millones de páginas de documentos sobre las que se basó el informe.

"La necesidad de investigar casos con responsabilidad penal se vuelve más urgente ante el hecho de que muchos de los individuos que autorizaron la conducta de la que se documenta en el informe sobre torturas del Senado están defendiendo públicamente la necesidad, efectividad y legalidad de dicha conducta" establece inequívocamente la carta.